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Al Gobierno de Mariano Rajoy le puede ocurrir lo mismo que a ese personaje que suele llegar tarde a una reunión y se empeña en contar una historia que todos los presentes ya conocen y sobre cuya veracidad albergan profundas dudas. Ha sacado la tijera de la austeridad y anda podando a diestra y siniestra mientras pregona que ésa es la única forma posible de salvar a España del absoluto desastre y sacarla de la recesión a medio plazo. Y lo hace justo en el momento en que más voces autorizadas claman que el diagnóstico es erróneo y el tratamiento recetado produce más efectos secundarios que beneficios.
Los Presupuestos han sido aprobados con los votos de la mayoría absoluta del PP (más UPN y Foro Asturias), sin la complicidad siquiera de CiU, cuya política de recortes en Catalunya comulga con la misma filosofía que Cristóbal Montoro ha desgranado estos dos días en el Congreso. (Rajoy ha preferido no defender personalmente “los Presupuestos más duros y austeros de la democracia”, dios sabrá para qué acontecimiento reserva su presencia en la tribuna). Más allá del tono mitinero del ministro de Hacienda y de su empeño en seguir culpando de todos los males a Zapatero, el diagnóstico gubernamental consiste en que el problema de España radica en un elevado endeudamiento público y en un déficit insostenible. Los datos comparativos con el resto de Europa y del mundo indican que eso no es cierto, que el problema grave es el de la deuda privada, y que el déficit no proviene tanto del gasto público como de la brutal caída de los ingresos por culpa del estallido de la burbuja inmobiliaria y de los efectos de la crisis financiera de 2008. Y esto no ocurre sólo en la etapa de Zapatero, quien ya inició en mayo de 2010 la senda de los recortes y de la austeridad pura y dura, sino también en este primer trimestre de 2012, en el que los ingresos del Estado caen en picado pese al cambio de Gobierno. Es decir, que siguen cayendo porque la actividad económica está parada y crece la incertidumbre.
Rajoy ha llegado a “la reunión” contando que la única vía para recuperar la “confianza” de los mercados es pegarle tajos al gasto público, cuando resulta que en Francia están a punto de dar el finiquito a Sarkozy por aplicar esa receta; cuando en Holanda se rompe el Gobierno por la división interna acerca de esa misma política; cuando el FMI discute en profundidad sobre los riesgos de la austeridad exagerada; cuando varios Premios Nobel y expertos (no sólo progresistas) denuncian los efectos contraproducentes de ahogar los estímulos en fases de recesión; cuando Angela Merkel empieza a quedarse sola con su “germanización de Europa” mientras ve cómo merman las exportaciones alemanas que venían aprovechándose de la debilidad ajena. Y cuando todos (especialmente los inversores internacionales) siguen a la espera de un saneamiento del sector financiero creíble, que oxigene los activos “tóxicos” inmobiliarios aún ocultos en la trastienda.
Los Presupuestos Generales, retrasados por motivos electoralistas y ya superados por un nuevo recorte de 10.000 millones en educación y sanidad (competencia de las comunidades autónomas), nacen con un déficit de credibilidad disparado. Ni la oposición ni los mercados ni el BCE se creen que estas cuentas consigan cumplir un objetivo de déficit que el sentido común y la calculadora definen como imposible. Sobre todo cuando dependen de unos ingresos públicos procedentes de una amnistía fiscal y de unos cálculos de gasto en prestaciones por desempleo que no encajan para nada con el asumido aumento del paro.
Rajoy dice que está “muy contento” con el resultado del debate sobre los Presupuestos mientras medio Gobierno confiesa en privado que cruza los dedos para que en Francia arrase François Hollande y cumpla luego su compromiso de parar los pies a la obcecación de Angela Merkel. Sería la única forma de dilatar el cumplimiento del objetivo de déficit y de esquivar lo que algunos califican ya de “suicidio de Europa”.
Por lo demás, insisten Rajoy y Montoro en proclamar que estos Presupuestos y el resto de las medidas adoptadas hasta ahora cuentan con el respaldo de una amplia mayoría social. Tampoco es cierto. Lo sería si la subida del IRPF, el abaratamiento del despido, los recortes en sanidad o educación y el copago sanitario hubieran sido incluidos en el programa electoral del PP. Pero los ciudadanos, salvo excepciones, no acostumbran a disparar contra sus propios intereses.